La jornada ‘Agribusiness, nuevos retos’, celebrada el pasado martes día 10 de mayo en el Hotel Jerez de Jerez de la Frontera, cerró con grandes sensaciones entre los participantes y con una clara vocación de convocar nuevas ediciones y convertirse en un referente para el sector a partir de ahora. Desde la organización destacan el elevado número de asistentes -aforo completo en su mayoría por empresarios del sector agrícola y agroalimentario-, así como los temas abordados y la calidad de las ponencias de las dos mesas que conformaron el evento.
Los participantes coincidieron en las principales reivindicaciones y retos del sector agroalimentario andaluz como son la claridad legislativa en las reformas en marcha, la necesidad de agua para regadío, el mayor control de las importaciones o la defensa real del sector en Europa. En el trascurso de la jornada quedó también patente el importante aliado que es el abogado experto para la defensa de la industria alimentaria tanto a nivel individual como colectivo.
El delegado de Reactivación Económica del Ayuntamiento de Jerez, Juan Antonio Cabello, abrió el encuentro agradeciendo la elección de Jerez para la celebración de este foro y poniendo de relieve el valor de la apuesta realizada por todos los actores del sector presentes en el acto para la mejora de la economía local y regional.
Por su parte, Ana María Bertón, delegada territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca en Cádiz, clausuró el encuentro con unas palabras de apoyo al sector confirmando su máxima implicación en los asuntos abordados para la defensa de la industria. Entre los asistentes al acto encontramos al presidente del Partido Popular de Cádiz y diputado del Parlamento de Andalucía, Bruno García, a la diputada de VOX en el Parlamento de Andalucía, Ángela Mulas, y al concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Jerez, Jesús García.
La mesa “Sostenibilidad, energías renovables e innovación en el sector agroalimentario” contó con la participación de Pedro Gallardo, que participó en la misma como presidente de ALAS; Cristóbal Cano, presidente de la Unión de Pequeños Agricultores de Andalucía; Eduardo Galocha, director jurídico de Atlántica Agrícola; Iván Jaenes, director legal del Grupo Osborne; Miguel Cuesta Boothman, socio de Mercantil de Montero Aramburu; e Ignacio Albendea, socio de sectores regulados y director de la oficina de Madrid de Montero Aramburu.
En su intervención, Albendea comenzó destacando “la capacidad de adaptación y resiliencia del sector agroalimentario español frente a los cambios que ha traído la pandemia y la guerra en Ucrania”. Una resiliencia que, en su opinión, “debería venir acompañada de medidas”. Puso como ejemplo el encarecimiento del precio de los piensos que están forzando aún más la máquina para los ganaderos.
Por su parte, Miguel Cuesta hizo énfasis en la mayor autosuficiencia e independencia que demanda esta industria, declarando que “en el sector agroalimentario es necesario innovar para poder competir con otros países, pero es necesaria una racionalización del proceso por parte de la administración”, poniendo de manifiesto la necesidad de medidas y políticas fiscales que faciliten las inversiones al sector. En este sentido, Cuesta refirió que la sostenibilidad debe ser exigida a nivel productivo, pero siempre garantizando la sostenibilidad económica, vital para el sector en un marco de exceso regulativo.
Eduardo Galocha, director legal de Atlántica Agrícola, ofreció una visión de las novedades tecnológicas cuya implantación y uso están a la espera de aprobación y destacó la estrategia “De la granja a la mesa” como parte del contexto vivido por el sector y el marco regulatorio para la reducción de bioestimulantes con el horizonte de 2025, entre otros temas. Además, Galocha anticipó el importante papel que han de jugar estos avances tecnológicos para la recogida de datos reales que posibiliten, por ejemplo, el justo reparto de las ayudas a la producción, en un sector cuya realidad revela una apremiante necesidad de claridad a muchos niveles.
Iván Jaenes, director legal del Grupo Osborne, abordó cuestiones como el encarecimiento de costes que perjudican no solo al sector primario sino a la totalidad de los actores involucrados en la cadena de producción. Jaenes explicó que el gran reto para el sector no está solo en el cumplimiento del marco regulatorio, en continua evolución, sino en las exigencias del propio consumidor respecto a la responsabilidad corporativa relativa a la gestión de residuos, el registro de productores o la trazabilidad de productos.
Pedro Gallardo, conocedor de primera mano de los efectos de la guerra de Ucrania en el mercado europeo, explicó la situación de “cuello de botella” que vive el sector a raíz de la guerra en Ucrania, país del que España importa grano para conseguir cubrir el total del consumo necesario. “España produce entre 12 y 21 millones de kilos de cereales, pero necesita 35. Es necesario, por tanto, resolver esta situación de dependencia.”
Sobre la idea de dependencia y la necesidad de resolverla insistieron también el resto de sus compañeros representantes de colectivos agrarios como Miguel Pérez, presidente de COAG Cádiz, Cristóbal Cano, secretario general de UPA, o Jaime Martínez-Conradi, director de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía. Aunque en la mesa posterior sus posiciones fueron más dispares, en esta primera mesa, coincidieron en la necesidad de que las administraciones competentes otorguen más herramientas a todos los niveles para posibilitar la competitividad del sector.
El debate llegó con la mesa “Retos de la PAC. Reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria. Seguridad jurídica, derechos y necesidades”. Martínez-Conradi dio uno de los titulares de la jornada hablando de una “PAC verde con números rojos” y exponiendo la realidad de un sector ya muy castigado que necesita ayuda urgente para su supervivencia. Idea en la que coincidió plenamente Pedro Gallardo, presidente de ASAJA Cádiz, quien fue más allá hablando de la falta de claridad legislativa para el reparto de unas ayudas muy dispares que favorecen la competencia desleal y la falsa justicia para productores, apuntando además a un reparto injusto entre las distintas comunidades autónomas que podrían, según ellos, apuntar a otro tipo de intereses ajenos a la competitividad del sector por parte de las administraciones competentes.
Cristóbal Cano expresó la necesidad de dejar de considerar al sector como algo accesorio ya que -dijo- “el agricultor es el principal gestor medioambiental” y así ha de ser considerado por administraciones. También puso de relieve la idea de que el agricultor adapte sus producciones a las nuevas exigencias del mercado. El responsable de UPA, por su parte, discrepó de sus compañeros de ASAJA y Cooperativas sobre todo al expresar que la nueva PAC trata de solucionar cuestiones e injusticias que vienen del pasado y que, en su día, pasaron desapercibidas.
Por parte de Montero Aramburu, participaron en esta mesa Agustín León, socio de Derecho Público y Sectores Regulados y Soledad Fernández Reyes, socia de Procesal y Civil del despacho. León ofreció a los asistentes el calendario de las principales novedades legislativas que el productor debe conocer para no incurrir en importantes sanciones y centró su exposición en la necesidad de asesoramiento experto para la mejora de la competitividad y el acceso a las ayudas.
Como las de su compañero de despacho, las ponencias de Soledad Fernández demostraron un profundo conocimiento del sector, así como de los plazos y marco normativo, además de una elevada empatía con la difícil situación que atraviesa el sector. “Una de las principales novedades de la reforma de la Ley de la Cadena alimentaria que ha tenido poco eco es la ampliación de su ámbito de aplicación tanto territorial como objetivo y subjetivo”, expuso Fernández Reyes.
El desarrollo de la jornada coincidió, por otro lado, con distintos aniversarios como el 250 del Grupo Osborne o el 50 aniversario del propio despacho de abogados Montero Aramburu, que la noche anterior, el lunes 9 de mayo, celebró dicha efeméride con un remarcado evento en el Real Círculo de la Amistad de Córdoba.
Sobre Montero Aramburu. Fundado en Sevilla en 1971 como despacho especializado exclusivamente en materia tributaria, característica que mantuvo hasta 1992, año en que comenzó un proceso de diversificación que le ha llevado a convertirse en el despacho plenamente multidisciplinar que hoy es. La firma cuenta con más de 150 profesionales, entre abogados y economistas, integrados en un colectivo que aglutina a un total de 250 personas.
Sus clientes pertenecen al más amplio espectro, tanto por el sector en el que operan como por su dimensión. Encontramos así desde sociedades cotizadas en el IBEX 35, grandes corporaciones industriales, entidades deportivas, importantísimas firmas bodegueras, compañías inmobiliarias de primer orden, importantes grupos nacionales e internacionales pertenecientes al sector hotelero, time-sharing, tour-operadores, corporaciones locales y empresas municipales e interlocales, administraciones autonómicas y empresas públicas, entidades no lucrativas, empresas dedicadas a actividades relacionadas con las nuevas tecnologías y las energías renovables, a la construcción y promoción, distribución y automoción; hasta sociedades familiares o “pymes” dedicadas a las más diversas actividades, sin olvidar profesionales individuales de reconocido prestigio y empresarios y socios de empresas y entidades sin ánimo lucrativo de honda raigambre social.
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